En este ranking que mide el índice de percepción de la corrupción, el país obtuvo una calificación de 3,5 sobre 10, en la que 10 significa ausencia de corrupción y 0 percepción de muy corrupto.
Esta calificación fue uno de los factores que evidenció la importancia de fortalecer la política anticorrupción en el país. “La corrupción es uno de los fenómenos más lesivos para los estados modernos porque afecta de manera negativa los niveles de crecimiento económico y disminuye su capacidad para atender las obligaciones frente a los ciudadanos”, dejó consignado Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, en el documento de publicación de la Ley 1474 de 2011, también conocida como Estatuto Anticorrupción.
Esta Ley, aprobada el 12 de julio por el Congreso de la República, busca fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción que sucedan en el país, buscando mayor efectividad en el control de la gestión pública.
El nuevo Estatuto califica este flagelo “no solamente como un delito contra la administración pública, sino también como un crimen que afecta el patrimonio del Estado”, según lo señala el documento difundido por el Ministerio del Interior, en el que se dan a conocer los 135 artículos que conforman la Ley.
Aura Esperanza Torres Pardo, Procuradora Regional en Santander, calificó de muy importante el estatuto porque “está concebido como una herramienta eficaz en la lucha contra la corrupción. Estas nuevas normas en materia penal, hacen más rigurosa la responsabilidad tanto de los particulares como de los servidores públicos”.
El Estatuto incluye un capítulo especial destinado al sector salud, en el que se fijaron medidas para evitar abusos hacia el Sistema General de Seguridad Social, a través de una mayor vigilancia por parte de los organismos de control, para detectar eventos sospechosos por medio de los sistemas de información.
Además se establecieron mayores medidas penales y disciplinarias en lo referente a la contratación pública, la financiación de campañas políticas y la reducción de los beneficios para las personas condenadas por corrupción entre otros.
Según comunicado de prensa de la Casa de Nariño, se indican, entre otros aspectos importantes de la Ley 1474, que “cualquier persona que sea condenada por corrupción estará inhabilitada 20 años para contratar nuevamente con el Estado”, al igual que “se acabó esa puerta giratoria que hace que los funcionarios inmediatamente sean contratados por las empresas con las cuales tuvieron algo que ver durante sus responsabilidades públicas; ya no habrá más tráfico de influencias, y si hay, el responsable será sancionado drásticamente”.
Al respecto, opinó el decano de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga –UNAB–, Jorge Eduardo Lamo Gómez: “Es bienvenida cualquier ley o norma que vaya a sancionar a quienes cometen esta clase de ilícitos, dado que atenta y las bases de un sistema democrático”.
El Estatuto Anticorrupción incentiva las actuaciones honestas por parte de los servidores públicos y particulares. Hace parte de una estrategia integral promovida por la Presidencia de la República, que incluye cinco elementos: aplicación efectiva de las normas, acción preventiva, colaboración ciudadana, cultura de la legalidad y coordinación.
Estas son iniciativas que deben ser de conocimiento de los servidores públicos para fortalecer sus competencias administrativas; así lo indicó Torres Pardo: “Todo trabajador oficial y hoy en día los particulares que ejercen función pública, así como los interventores en contratos estatales, son susceptibles de investigaciones penales, fiscales y disciplinarias. Por eso, para todo servidor y para todo particular es importante conocer este nuevo estatuto, especialmente cuando se trate de conductas que son susceptibles de la administración de los entes de control”.
El Estatuto fortalecerá la participación de la ciudadanía a través del ‘Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano’ y de la Comisión para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción.
Estas acciones tienen como propósito eliminar la corrupción; “ésto significa mayores recursos para atender las necesidades de los colombianos, empleándolos de manera eficiente. Así se aumenta la cobertura y democratiza el acceso a los servicios del Estado”, concluyó el ministro del Interior en el documento de publicación del Estatuto Anticorrupción.
Dando cumplimiento a la Ley 1474, el SENA Santander realiza con sus públicos internos y externos jornadas de sensibilización sobre el Estatuto Anticorrupción.
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